Sin embargo, no plantea inicialmente muchos problemas conceptuales la mayor densificación de obligaciones de publicidad activa de la que han hecho gala la práctica totalidad de las leyes autonómicas aprobadas hasta la fecha. Muy libres son los Parlamentos autonómicos de multiplicar por diez las obligaciones de transparencia que deben cumplir las administraciones y entidades de su sector público, así como aquellas otras instituciones y entidades a las que extiendan su ámbito de aplicación.

Pero en todo ello hay una falsa opción, puesto que se han aprobado muchas de estas leyes para inmediatamente incumplirlas o cumplirlas a medias. Ello se observa con particular crudeza en la extensión de las obligaciones de transparencia contenidas en las leyes autonómicas a las entidades locales, no diferenciando ni tamaño ni capacidad de gestión ni si disponen o no de recursos efectivos para cumplir tales exigencias.

Solo la Ley vasca de instituciones locales y de forma más incisiva aun la ley valenciana aunque no distingue por tamaño de municipios , han llevado a cabo un ejercicio de realismo en este sentido Los legisladores autonómicos han incurrido en el mismo vicio del legislador estatal: solo han pensado en su propia Administración Pública y en su sector público cuando han regulado tales normas de transparencia.

Del nivel local de gobierno ni se han acordado. Tampoco han pensado en la presencia de la sensibilidad local cuando de la provisión de los miembros de esos órganos de garantía se trata; menos aún de las entidades privadas o de las empresas receptoras de ayudas o subvenciones.

Pretenden aplicar uniformemente unos altos estándares de transparencia cuando ello es prácticamente imposible o, al menos, tales exigencias se pueden transformar en una primera y probablemente larga etapa como un mero brindis al sol.

Sobre el derecho de acceso a la información pública cabía presumir que los legisladores autonómicos en nada modificarían el régimen jurídico básico estatal, salvo algunas cuestiones relativas a temas procedimentales o aspectos complementarios.

No ha sido así. Hay regulaciones que recogen alteraciones sustantivas de la regulación básica, tales como el carácter del silencio administrativo, que es negativo en la legislación básica y en algunos casos se estima como positivo con los innegables problemas que ello puede comportar En otros supuestos se han redefinido las causas de inadmisión, los límites materiales del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o, incluso, algunos de los elementos de ponderación cuando se pueda producir una colisión potencial entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Habrá que estar a lo que decidan en su día los tribunales de justicia, pues ninguna de estas leyes de transparencia ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sin perjuicio de que se pueda elevar, puntualmente, alguna cuestión de inconstitucionalidad; o que se llegue a plantear, en su caso, un recurso de amparo en relación con una hipotética vulneración del derecho a la protección de datos personales.

En lo que afecta a la inserción en las leyes autonómicas de otras dimensiones de la transparencia, se dan casos en que tales regulaciones han sido más completas que la estatal a la hora de establecer vínculos o conexiones con otros ámbitos propios de la Buena Gobernanza. Ya hemos visto cómo algunas leyes se enuncian de manera plural, combinando la transparencia con la participación ciudadana, el buen gobierno o el gobierno abierto.

Hay alguna ley, como la catalana, que va más lejos, a pesar del enunciado de la misma que es muy convencional o, si se prefiere, que reproduce el enunciado de la regulación estatal.

En efecto, en la ley catalana —pero no solo en esta- se lleva a cabo una regulación diferenciada y equívoca entre transparencia y derecho de acceso a la información pública, si bien es la primera normativa que en el ámbito del Estado regula los grupos de interés en el marco de una política de transparencia, lo que es un considerable paso adelante.

Iniciativa a la que se han sumado otras comunidades autónomas, la más reciente es la Ley de Castilla la Mancha.

También parte la regulación catalana de una noción de buen gobierno más precisa y acertada que la existente en la regulación estatal donde incluye la obligación de elaborar códigos de conducta, cartas de servicio e incorpora el principio de mejor regulación y prevé asimismo algunos principios relacionados con el gobierno abierto especialmente, en materia de participación ciudadana.

Hay algo más de insistencia en la legislación autonómica desigual, como es obvio en los temas de apertura de datos y de reutilización de los mismos. Este aspecto cabe considerarlo como una suerte de dimensión de la transparencia, aunque con singularidad propia.

La apertura de datos no pasa de ser, en estos momentos, más que un mero principio rector. Tampoco se prevén obligaciones específicas y garantías al respecto.

La medida de fomento e impuso de la transparencia, como una suerte de dimensión intra-organizativa, se prevén asimismo en algunas leyes autonómicas Particularmente incisiva en este punto es la regulación andaluza, aunque la ley catalana prevé algunas herramientas de este carácter.

Pero esta importante dimensión de la transparencia que conlleva un cambio cultural organizativo sigue estando prácticamente ausente en las leyes o en las disposiciones normativas de desarrollo de estas.

Habrá que esperar la implantación efectiva de la Administración electrónica para que emerja con fuerza la que tal vez será la dimensión dominante en los próximos años si se quiere caminar hacia una transparencia efectiva, en los términos antes enunciados.

Desde los primeros momentos, los diferentes trabajos que se han ocupado de la transparencia han hecho hincapié en la necesidad de garantizar la efectividad de la transparencia en el sector público por medio de la conformación de instituciones u órganos independientes del poder político y, más concretamente, de la Administración Pública.

Los diferentes estudios de los profesores Manuel Villoria o Emilio Guichot, por solo traer a colación dos ejemplos representativos, han insistido una y otra vez en esta característica. La aplicabilidad efectiva de la transparencia requiere una correcta articulación de órganos o instituciones de garantía; es decir, que estén imbuidos por los principios de independencia, imparcialidad y especialización.

Sobre ello insistiré después. Sin embargo, los problemas comienzan a multiplicarse cuando se trata de perfilar en una ley concreta cuáles son los rasgos caracterizadores de esa autonomía funcional o mejor dicho la independencia que cabe predicar de tan importantes piezas institucionales de garantía de la transparencia.

En realidad, son tres las cuestiones básicas a las que esos marcos normativos reguladores de la transparencia deben dar respuesta en este caso: a ¿Qué estructura adoptan tales instituciones u órganos? La estructura tiene que ver con la naturaleza del órgano o de la institución, no tanto en su denominación formal órgano o autoridad dotada de independencia o autonomía funcional como en su sentido material ¿realmente se configura como una autoridad u órgano dotado de esa independencia que se predica?

Pero la estructura también tiene que ver —aspecto de indudable importancia- con el modo de organización interna que tiene esa institución u órgano: ¿se articula en torno a un órgano unipersonal o colegiado? La variable de la composición nos conduce a los procedimientos algo ligado con la garantía de independencia e imparcialidad y exigencias cuestión vinculada con la especialización requeridos para el nombramiento de los miembros de estos órganos o instituciones de garantía: ¿quién los nombra y a través de qué procedimiento?

Sin duda, las respuestas que se den a estas preguntas marcarán decididamente el carácter o naturaleza del órgano o institución de garantía en torno a su independencia.

Y, en fin, el análisis de las atribuciones o funciones del órgano o institución de garantía es también muy relevante para conocer su papel institucional efectivo. Al no pretender realizar un estudio monográfico sobre la cuestión, seré muy escueto en el planteamiento y desenlace, lo que obviamente me hará perder los innumerables matices que un tema de esta naturaleza presenta.

Pero, en este caso, prefiero la brevedad con los sacrificios que comporta a realizar ahora un estudio comparativo de cierta exhaustividad, que dejo para mejor momento. Me interesa, por tanto, definir cuáles son las líneas de tendencia que se están abriendo en esta importante materia, no tanto los detalles.

Veamos, por tanto, qué soluciones ha dado el legislador, tanto estatal como autonómico, a las cuestiones enunciadas. No se pretende llevar a cabo en estos momentos ningún análisis exhaustivo de tal institución, que por lo demás es una tarea que ya ha sido hecha por algunos estudios académicos Y se trata de comprobar si esa pretendida independencia se cumple, para después valorar si la imparcialidad y la especialización, también se acreditan.

No obstante, en este último terreno, a tenor de la indefinición de la Ley, el despliegue de sus atribuciones se puede considerar como residual, cuando no meramente decorativo. Todo apunta a que no. Y más todavía, no creo que nadie la haya promovido ni el Consejo haya adoptado impulso alguno en esa materia.

Este último aspecto tendrá una pésima influencia para los modelos autonómicos que se configuren. El órgano dominante de la institución es la Presidencia. La Presidencia dispone de una independencia funcional, que se ve avalada por el sistema de nombramiento y por el relativo blindaje frente a ceses marcados por la discrecionalidad aun así el cese puede ser activado por el Ministerio que propuso a la persona en casos de incumplimiento grave de sus obligaciones.

Este órgano unipersonal no recibe instrucciones de ninguna otra instancia, como predica el propio Estatuto del Consejo de Transparencia.

Y sus funciones, como se decía anteriormente, son las más importantes de la institución, siendo residuales o adjetivas las atribuidas a la Comisión.

Lo más relevante de esta institución, con la finalidad de salvaguardar la independencia de la institución, es el sistema de nombramiento de la persona titular de la presidencia.

El nombramiento se formaliza por Real Decreto. A tal efecto, la propuesta de nombramiento lo cual empaña inicialmente la independencia del órgano procede del actualmente denominado titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, si bien debe ser avalada por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión competente del Congreso de los Diputados en una comparecencia previa planteada al efecto.

Las comparecencias parlamentarias para la provisión de esos cargos son meramente anecdóticas, pues por lo común al menos hasta la fecha se convierten en meros actos de aclamación de los candidatos propuestos. Eso se agrava, como fue el caso, cuando la persona propuesta lo es por un Gobierno con mayoría absoluta.

No obstante, en la actuación concreta de la institución, dada la relativa independencia que da el ser una autoridad independiente, puede la persona titular de la institución distanciarse en el ejercicio de sus funciones mediante una actuación imparcial de quiénes promovieron su nombramiento.

Lo que, dicho sea de paso, es lo que está ocurriendo en este primer mandato del Consejo. Algo que dignifica la institución. En cuanto a los requisitos o exigencias para el nombramiento de la persona, solo se exige criterios francamente endebles, de los que tomarán buena nota los legisladores autonómicos.

Notas sobre los modelos autonómicos de instituciones de garantía de la transparencia. Un análisis detenido de los marcos normativos que tratan los órganos e instituciones de garantía de la transparencia en las Comunidades Autónomas rápidamente nos advierte de la inmensa pluralidad de modelos existentes, la confusa traslación de los esquemas institucionales propios de una agencia o institución independiente a tales realidades, así como la multiplicación o explosión orgánico-institucional que la legislación de transparencia ha supuesto en la mayor parte salvo excepciones de las Comunidades Autónomas.

Llama la atención que una normativa que se dicta después del Informe CORA, termine por reproducir buena parte de los vicios institucionales que en este se predicaban.

Probablemente no haya solución a este problema, aunque algunas Comunidades Autónomas han sido más contenidas en esa explosión institucional y han utilizado, siquiera sea parcialmente, instituciones ya existentes frente a la creación de otras nuevas; frecuentemente las relacionadas con la defensa de los derechos de los ciudadanos Está también el supuesto singular, ya comentado, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que aún no ha desarrollado, sin embargo, las competencias en ese último aspecto protección de datos , tal como se ha expuesto anteriormente.

No obstante, está por ver que, teniendo en cuenta la especialización necesaria que este ámbito material de la transparencia requiere, tal exigencia se pueda cumplir por instituciones llamadas a realizar otro tipo de cometidos funcionales.

La suma de atribuciones de transparencia y protección de datos ofrece aspectos de interés y no pocas dudas en su efectividad, depende de cómo se haga y quién desarrolle tales funciones.

Cabe insistir sobre lo ya expuesto: si a una autoridad de protección de datos ya existente se le suman las atribuciones en materia de transparencia, cabe presumir que estas últimas se desdibujarán en los contornos de un derecho fuertemente interpretado con carácter defensivo la protección de datos.

Otra cosa distinta es que se sumen las competencias en materia de protección de datos a una agencia de transparencia ya existente, en la que la tradición institucional haya llevado a cabo una interpretación firme del derecho de acceso a la información pública y de otras dimensiones de la transparencia: el equilibrio en este caso, tal vez pudiera conseguirse.

Más coherente es el modelo —por cierto, muy poco transitado en las leyes autonómicas- de reenvío de las competencias en materia de resolución de reclamaciones en el ámbito del derecho de acceso a la información pública al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En cualquier caso, debe ponerse de relieve un factor ya enunciado: todavía el mapa institucional autonómico de la transparencia no está completo. Hay Comunidades Autónomas con leyes anteriores a la normativa básica, alguna claramente inadaptadas en lo que se refiere al marco normativo básico vigente como es el caso de la Ley balear , otra inadaptada relativamente como sucede en el ejemplo extremeño y alguna que se ha adaptado de forma más reciente como es el caso de la Ley foral navarra.

Junto a ello tenemos otras Comunidades Autónomas que aún no disponen de Ley de transparencia. En algún caso se está tramitando el proyecto de ley en sede parlamentaria, mientras que en otros se está aún en fase de anteproyecto o de elaboración del texto.

Con diferencias que no vienen al caso son los supuestos —cuando esto se escribe- de las Comunidades Autónomas de Cantabria, de Madrid, del País Vasco o del Principado de Asturias.

Y luego están todas aquellas comunidades autónomas que sí disponen de Ley de transparencia, tal como se ha visto con denominaciones diversas, ámbitos regulatorios diferentes y sistemas institucionales de lo más variopinto; pero cuyo denominador común es que regulan —con mayor o menor intensidad- la materia de la transparencia, al menos en sus dimensiones más transitadas publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.

Todas las leyes autonómicas, sin excepción, siguiendo la estela del legislador básico, inciden nominalmente en el carácter independiente o en la autonomía funcional del órgano o institución de garantía de la transparencia.

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos ese estatuto de independencia es muy cuestionable o, incluso, el trazado legal lo desmiente. Pero esto es algo que se advertirá plenamente con el análisis de la composición y el sistema de nombramiento.

Las instituciones con más autonomía funcional o independencia frente al Ejecutivo son aquellas que tienen estatuto de autoridad independiente.

El caso más representativo es el canario, donde su vinculación al Parlamento es más estrecha Un nombramiento individual concita menos posibilidades de llevar a cabo esas malas prácticas, por la imposibilidad de reparto de cuotas Hay casos, por el contrario, en los que la dependencia del Ejecutivo es muy intensa.

Las estructuras de estos órganos de garantía son, por lo común, complejas. Hay varios modelos de vertebración de esas instituciones de garantía, que esquemáticamente se pueden sintetizar del siguiente modo:. Algunas Comunidades Autónomas siguen el esquema estructural dual impuesto para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado esto es, con una presidencia y una comisión.

En estos casos, se configura una autoridad unipersonal que se plasma en la Presidencia, con amplias atribuciones funcionales de carácter ejecutivo o resolutivo, a la que le acompaña de ordinario una Comisión de Transparencia con cometidos funcionales menos intensos y que tienen que ver con el asesoramiento, informe, propuesta, etc.

No hay, en cualquier caso, modelos iguales, pero el sistema institucional andaluz encaja plenamente en ese modelo patrón, así como los proyectos o anteproyectos vasco al menos el de la pasada legislatura y asturiano, van en esa dirección. En cualquier caso, el modelo andaluz añade un elemento adicional en nada menor: prevé la posibilidad de que, también en materia de transparencia publicidad activa, los ciudadanos y entidades presenten denuncias ante el Consejo Algo no frecuente en otros modelos.

Existe un modelo atípico, pero de fuerte garantía de independencia funcional, que es el canario, donde se opta por la figura de un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con autonomía reforzada y que, por tanto, se sustenta en una autoridad de carácter unipersonal.

En cualquier caso, tanto en el modelo anterior como en este resulta obvio señalar —como así se ha puesto de relieve en el caso del CTBG- que tales órganos unipersonales reforzados necesitan para el cumplimiento de sus responsabilidades un complejo orgánico y funcionarial amplio y cualificado con el fin de poder cumplir cabalmente las funciones que les son asignadas.

Es muy fácil desactivar funcionalmente a tales órganos de garantía no atribuyéndoles estructuras materiales y personales adecuadas. Un modelo estructural atípico es por el que apostó la Ley catalana de transparencia.

Por un lado, configuró finalmente un órgano colegiado de garantía compuesto de cinco miembros con dedicación exclusiva y con retribuciones asimiladas a director general , que proyecta sus funciones sobre un ámbito específico como es el de acceso a la información pública.

Pero, por otro, atribuyó las funciones de transparencia-publicidad activa a cada estructura de gobierno, si bien con un papel determinante de la Generalidad de Cataluña que gestiona un portal de transparencia común , y, en fin, diseñó un complejo sistema institucional de seguimiento, supervisión y control de la transparencia por medio de un amplio número de instituciones dedicadas a esa finalidad Sindic de Greuge s, Oficina Antifraude, Sindicatura de Cuentas, Autoridad Catalana de Protección de Datos, etc.

Abunda este modelo. Se trata de un modelo en el que, por lo común, los miembros del colegio no perciben retribuciones en algunos casos de ningún tipo. Al menos, no dispondrá de tiempo ni de recursos para hacerlo.

Muchos de estos órganos colegiados algunos de ellos son auténticas asambleas no disponen de recursos técnicos ni apoyos materiales efectivos, lo cual es tanto como matar prematuramente la institución de garantía.

No es fácil que las funciones de garantía y control de la transparencia se puedan llevar a cabo por un colegio de tales características.

Hay también modelos mixtos, de perfiles confusos. Es una forma más de prolongar la lucha partidista a las instituciones de control y supervisión que, dada la presencia de múltiples sensibilidades, su funcionamiento se puede obturar o, incluso, alcanzar pactos espurios de no agresión que en nada garantizan la transparencia en su recto sentido.

Una variante de este modelo últimamente citado es aquella en la que el nombramiento del "colegio" miembros del órgano tiene fuerte impronta gubernamental o procedente del Ejecutivo.

Hay algunos casos. Por lo común, eso se produce en instituciones de garantía de "transición" a la espera de que se apruebe su ley definitiva.

O también en supuestos en que los miembros de la Comisión son técnicos de la Administración que deben cumplir determinadas exigencias. Como son los supuestos, diferentes entre sí, de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de las Illes Balears.

Hay casos en que también se garantiza la presencia gubernamental en alguno de sus órganos de garantía caso gallego. Muchas comunidades autónomas atribuyen expresamente la política de transparencia al Ejecutivo y, asimismo, la evaluación de aquella; otras crean órganos mixtos.

Con diferencias entre ellos que las hay , los modelos de órgano de transparencia con fuerte presencia del ejecutivo no ofrecen garantías de imparcialidad, salvo que sus miembros sean funcionarios y se les exija el cumplimiento de determinados requisitos por ejemplo, experiencia, especialización y que no se provean entre funcionarios de libre designación.

También se ha visto cómo hay modelos que apuestan por no multiplicar la realidad institucional y atribuir esas funciones sea a una institución autonómica ya existente, sea al propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado.

En lo que afecta a la composición y sistema de nombramiento de los miembros de tales órganos o instituciones de garantía, tales cuestiones están estrechamente vinculadas con el carácter complejo, unipersonal o colegiado del órgano. En efecto, cuando la institución se conforma con un carácter complejo, a imagen y semejanza del modelo establecido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la designación de la persona que ostentará la presidencia se lleva a cabo por el Parlamento por mayoría cualificada por ejemplo, por mayoría absoluta en el caso de Andalucía , lo que obliga normalmente a pactar entre las distintas fuerzas políticas este tipo de designaciones.

Cuando se trata de órganos colegiados también el protagonismo del Parlamento suele ser importante, aunque en algunos casos no es determinante.

Ya se acaba de citar el caso de Castilla-La Mancha, pero lo mismo cabe decir de la designación de los miembros de la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública GAIP de Cataluña.

En este caso, al ser cinco los miembros, los grupos parlamentarios si bien no todos entraron en el reparto pactaron cinco nombres. La influencia política en el proceso de designación no implica necesariamente que ella se proyecte luego sobre el funcionamiento de la institución, pero algo nos dice sobre la naturaleza material y no solo formal del órgano.

Un mal endémico de este país, que nadie sabe cómo corregir. En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas se han inclinado por órganos de garantía colegiados Consejos o Comisiones de Transparencia , también el Parlamento tiene un papel de relieve en esa composición, puesto que normalmente son los grupos parlamentarios los que proponen diferentes miembros en algunos casos se propone uno por grupo, por lo que la politización del órgano, al menos en el reparto de cuotas, es manifiesta.

En general, todos aquellos modelos que han ido hacia la colegiación del órgano de garantías pecan de ese mismo mal: lo hemos visto en el caso de Castilla-La Mancha y Cataluña, pero el problema se reitera luego en Aragón, en la Comunidad Foral de Navarra tras la reciente reforma de , en la Región de Murcia cuyo Consejo de Transparencia es multitudinario o en la Comunidad Valenciana.

En este último caso se ha ido a un modelo claramente atípico, puesto que —como antes se decía- el Consejo de Transparencia se compone de dos órganos colegiados: la Comisión Ejecutiva y la Comisión Consultiva. Lo determinante de la composición de la Comisión Ejecutiva es que está constituida por un número de miembros igual al número de grupos parlamentarios con representación en el Parlamento; lo que permite lógicamente una colonización política intensiva del órgano o, al menos, que cada uno de las personas designadas comparta afinidad ideológica con quien lo promueve Se puede afirmar que todos estos modelos, aunque también garantizan la presencia de otros órganos estatutarios o autonómicos, así como de las entidades locales y universidades, tienen una penetración importante de la política y casan mal con su naturaleza independiente que debe predicarse de los mismos; aparte de que la funcionalidad de un órgano colegiado para desarrollar determinadas tareas eminentemente resolutorias o ejecutivas siempre puede ponerse en entredicho por la escasa idoneidad que los órganos colegiados tienen para el cumplimiento de tales misiones.

Un modelo singular es, sin duda, el gallego: dispone de una Comisión de Transparencia con presencia relevante de miembros procedentes del Ejecutivo, aunque con vocales también de otras instituciones y de la representación local. Si los órganos colegiados con presencia de miembros designados por los grupos parlamentarios ofrecen escasas garantías de independencia funcional y de imparcialidad para salvaguardar la transparencia, menos aún se puede predicar esa garantía de unos órganos con alguna presencia del Ejecutivo, algo que si bien como un modelo transitorio o temporal también se da en el caso del Gobierno Vasco.

Diferente es el caso de las Illes Balears , así como el de la Diputación Foral de Bizkaia, puesto que en ambos casos se ha ido a un modelo de composición profesional entre funcionarios, aunque sesgado hacia el campo exclusivamente jurídico, lo cual tampoco es necesario salvo que el órgano se limite exclusivamente en sus funciones a resolver las reclamaciones administrativas contra la denegación tácita o presunta del derecho de acceso a la información pública.

En este último caso, resulta apropiada la exigencia de conocimientos jurídicos de los miembros de la Comisión. En cualquier caso, es importante que si se proveen esos puestos entre funcionarios se exija acreditar un mínimo de competencias profesionales en la materia especialización y no recaigan yales nombramientos, en ningún caso, entre funcionarios cuyo sistema de provisión sea la libre designación.

Menos incisivas son las leyes autonómicas en cuanto a exigencias o requisitos que deben acreditar las personas que serán nombradas como miembros de tales órganos de garantías. En algunos casos se requiere de ciertos miembros que sean juristas o técnicos en gestión documental y se exigen determinados años de experiencia como en Cataluña.

Pero, realmente, el tipo de exigencias y competencias requeridas para formar parte de tales órganos son exageradamente vagas, lo que permite nombramientos de personas que no tienen por qué acreditar ninguna especialización o conocimiento específico sobre una materia tan amplia y singular como es la transparencia por cierto, con muy escasos especialistas en un país que, hasta fechas recientes, prácticamente nadie trabajaba o estudiaba estos temas.

El amateurismo se puede imponer como regla en este tipo de procesos de nombramiento, con los riesgos que ello conlleva. Da igual quién sea el nombrado con tal de que sea alguien que acredite ser algo. Y no es un juego de palabras.

Y ello tiene algunas implicaciones importantes. La transparencia debe ser conceptualizada como una idea integral, que abarca —como se ha expuesto- un buen número de dimensiones.

El legislador básico, así como buena parte de los legisladores autonómicos, han reducido la transparencia a dos de sus dimensiones más visibles: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Pero ello solo es parte del problema. En cualquier caso, esa limitación conceptual es aún más seria en el caso del diseño de los órganos de garantía, puesto que —tal vez como consecuencia del planteamiento de la ley básica en torno a las comisiones de reclamaciones del derecho de acceso a la información pública- en buena parte de los casos se ha entendido la garantía de la transparencia únicamente limitada a ese concreto ámbito.

Nadie debe poner en duda que la transparencia sea una política que deba ser impulsada por el Ejecutivo. Pero si se quiere implantar realmente ese impulso ejecutivo debe ser acompañado de la atribución de competencias del mismo carácter, así como de seguimiento y control, por parte de órganos de garantía configurados de modo independiente, con un funcionamiento imparcial y con personas que acrediten especialización funcional.

Tiene que haber un actor institucional externo, así como una razonable presión ciudadana —como reconocía hace casi un siglo el filósofo Alain- para que el poder cumpla con sus exigencias legales.

No lo hará normalmente motu proprio. Esa tendencia a la existencia de órganos monocultivo se ha dado en aquellos casos en que no se ha aprobado aún la ley y, sobre todo, en los que se encarga de tales cometidos al Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en estos momentos en las comunidades autónomas de Cantabria, Comunidad de Madrid o Principado de Asturias.

Pero también en otros supuestos marcados por la transitoriedad, esto es, mientras se aprueba el modelo definitivo por ley como son los ejemplos de las Illes Balears y del País Vasco ; aunque también hay casos puntuales donde la decisión del legislador de la transparencia camina decididamente por esa vía los supuestos ya citados de Extremadura o La Rioja, por ejemplo.

En cualquier caso, cabe presumir que esa tendencia a la configuración de órganos monocultivo, salvo en el singular caso catalán ya expuesto, no será la tónica dominante conforme se aprueben las leyes que faltan en materia de transparencia, donde en algunas de ellas ya se apuesta por configurar órganos de garantía con vocación funcional más amplia como es el reciente caso de Castilla-La Mancha o los proyectos aprobados en su día en el País Vasco y en el Principado de Asturias.

En efecto, una tendencia que parece advertirse con más o menos presencia en diferentes Comunidades Autónomas es la de constituir órganos de garantía de la transparencia que, junto con la específica función de resolver las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública, suman a esas competencias otras de carácter genérico, como son las de emisión de informes sobre proyectos normativos en la materia, elaboración de criterios o resolución de consultas varias.

Este modelo se combina, por lo común, con la retención de responsabilidades sobre la transparencia en manos del Ejecutivo; aunque esto debe ser visto como una cuestión normal, si bien esas atribuciones ejecutivas —como vengo señalando- deben cohonestarse con una sistema de seguimiento y control externo, propio de un órgano de garantía de la transparencia dotado de independencia funcional e imparcialidad.

En mi opinión, este es el modelo más efectivo de implantación de la transparencia, puesto que gira en torno a una institución de garantía independiente, imparcial y especializada, pero además con cometidos funcionales integrales o de carácter holístico en lo que al ámbito de la transparencia se refiere.

En efecto, el modelo más perfeccionado de institución de garantía de la transparencia a escala autonómica es, tal como se ha dicho, el Comisionado para la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues tanto desde el punto de vista funcional como en la naturaleza o estatuto de independencia del órgano se salvaguarda perfectamente esa configuración institucional de Agencia independiente frente al Ejecutivo o al resto de las Administraciones Públicas.

También ofrecen garantías de independencia al menos en cuanto al procedimiento de designación comporta el modelo andaluz y del proyecto de ley anterior vasco, así como el caso asturiano asimismo en fase de proyecto.

Sin embargo, es muy importante que estos modelos de autonomía funcional fuerte vengan acompañados de unas exigencias de especialización intensas de las personas designadas, puesto que el desarrollo posterior del órgano funcionalmente hablando dependerá mucho de esos criterios y del apoyo técnico que la institución tenga.

Las agencias o instituciones de transparencia que funcionan bien son aquellas que han elegido profesionales acreditados como responsables de tales instituciones. Ya lo dijo Emerson, las instituciones son las personas. No obstante, y este es un peligro generalizado al que no se ha encontrado solución cabal, tales modelos de órganos de garantía pueden pecar de dejar de lado las sensibilidades propias de otras administraciones territoriales en su conformación institucional.

Bien es cierto que ello se intenta subsanar mediante la configuración de Comisiones de transparencia como órganos asesores en la que se da entrada a los representantes de las entidades locales; pero los datos empíricos avalan que, al menos en materia de reclamaciones por el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, un buen número de tales expedientes tiene raíz local, por lo que no sería inoportuno a todas luces que tales entidades pudieran disponer de algún grado de participación en los procesos de designación de las personas que componen el órgano o, en su caso, tener incluso la posibilidad de proponer algún Adjunto que pueda resolver o participar en la resolución de los asuntos locales en materia de transparencia y de acceso a la información pública.

Efectivamente, donde hay órganos colegiados normalmente se da entrada a la representación local en la constitución de aquellos, pero suele ser una representación simbólica y escasamente efectiva, salvo en el caso de la Comunidad Foral de Navarra donde en cuyo Consejo de Transparencia tienen asiento tres representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Un caso excepcional, sin duda. La situación actual, sin embargo, dista mucho de ese escenario dibujado a grandes rasgos: los modelos de instituciones y órganos de garantía de la transparencia son muy débiles en cuanto a las exigencias o competencias que deben acreditar quienes serán designados, ofrecen por lo común flancos evidentes a la colonización política o a la influencia de los partidos en los procesos de designación y tienen, en un buen número, diseños institucionales equivocados o escasamente efectivos.

Con esos mimbres, la transparencia efectiva está aún muy lejos de lograrse. No deja de ser un pío deseo o un sueño inalcanzable.

Cambiar ese estado de cosas, una vez que se han aprobado tales marcos normativos no será fácil. Las dificultades que tiene aprobar leyes en sistemas parlamentarios fragmentados, como son los que actualmente imperan en España, son más que evidentes.

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En este texto me referiré a algunas regulaciones legales que se ocupan de los órganos de garantía de la transparencia Con la finalidad de respetar íntegramente las competencias de las Comunidades Autónomas sobre el juego presencial, esta Ley introduce la El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola: Garantía de Transparencia en el Juego

Lo Colaboración en juegos de póker relevante de Gzrantía institución, con la finalidad de salvaguardar la independencia de la een, es el sistema de nombramiento de la persona titular de la presidencia. Mi perfil. Jueg Declaración de privacidad ve la SRG SSR explica cómo Transpqrencia recopilan y se utilizan los datos personales. Además, este órgano regulador único canalizará la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia. Se modifica la letra c del apartado 2 por el art. No podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas en el Título III de esta Ley, las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:.	Sólo podrá solicitarse la licencia singular de aquella actividad de juego de la que haya sido publicada, con carácter previo, su regulación. La Comisión Nacional del Juego constituirá, bajo su dependencia y control, los siguientes Registros de ámbito estatal:. En los casos de infracción continuada, se computará desde el día en que se realizó la última infracción. d Implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo «. Los movimientos económicos en un casino online pueden realizarse por medio de tarjetas bancarias, transferencias o bancos virtuales, y admiten diferentes monedas, incluso las criptomonedas.	“Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola Los casinos (sobre todo en línea) deben contar con un apartado de términos y condiciones en su sitio, en el que explican toda la información	Con situación del INAI, no solo está en juego la institución, sino la garantía de dos derechos: Ibarra Cadena. En un encuentro con la Los casinos (sobre todo en línea) deben contar con un apartado de términos y condiciones en su sitio, en el que explican toda la información GARANTÍAS DE LA TRANSPARENCIA. RÉGIMEN SANCIONADOR. Artículo 34 Garantías de la Transparencia. 1. Las obligaciones de publicidad activa y las solicitudes de	Sin transparencia no hay confianza, y esta es fundamental para un cualquier negocio online, pues puede atraer o alejar a los jugadores En este texto me referiré a algunas regulaciones legales que se ocupan de los órganos de garantía de la transparencia Una descripción transparente del proceso de formulación de las políticas permite al público comprender las reglas del juego. Un mecanismo adicional para
Para poder Bingo y celebridades en español es Transparejcia el registro. Las Juevo parlamentarias para la provisión de esos cargos Garantí meramente anecdóticas, pues por lo sn al menos hasta la fecha Teansparencia convierten Trahsparencia meros actos de aclamación Garanta los candidatos propuestos. º Rifas: 10 por ciento sobre la base le de la letra Transprencia del Jueego 6 de este artículo, Apuestas arriesgadas con grandes emociones las declaradas de utilidad pública Trajsparencia benéfica Gsrantía tributarán al 2,5 Garantía de Transparencia en el Juego ciento de la Garantía de Transparencia en el Juego base imponible. Dn Consejo de Políticas del Juego estará integrado por los consejeros que desempeñen las responsabilidades en materia de juego de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas y por un número paritario de representantes de la Administración General del Estado. En el Título IV, «Control de la actividad», se establecen los requisitos técnicos mínimos, susceptibles de mayor concreción mediante un posterior desarrollo reglamentario específico, que deberán cumplir los equipos y sistemas técnicos que sirvan como soporte de la actividad de juegos autorizados y que habrán de garantizar que se impida a los menores e incapacitados y a las personas que, bien por voluntad propia, bien por resolución judicial, lo tuvieran prohibido, el acceso a los juegos desarrollados a través de medios telemáticos e interactivos. Tampoco se prevén obligaciones específicas y garantías al respecto. Lo cierto es que, a día de hoy, aunque el mapa normativo no está aún completo, se han multiplicado —como recordaron en su día en algunos comentarios Miguel Ángel Blanes y Concepción Campos Acuña- los marcos reguladores de la transparencia en los diferentes ámbitos territoriales.	Algo incidentalmente trata de la reutilización de datos pero nada propiamente del Open Data , tampoco nada incluye en relación con la transparencia colaborativa y sus conexiones con la participación ciudadana a través de los portales de transparencia o páginas Web. c Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, los participantes en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo permite, así como reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones realizadas a través de ella. Además, se recogen los principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público, garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la adicción al juego y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la sociedad. es © INAP Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado. El caso más representativo es el canario, donde su vinculación al Parlamento es más estrecha	“Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola Los casinos (sobre todo en línea) deben contar con un apartado de términos y condiciones en su sitio, en el que explican toda la información	GARANTÍAS DE LA TRANSPARENCIA. RÉGIMEN SANCIONADOR. Artículo 34 Garantías de la Transparencia. 1. Las obligaciones de publicidad activa y las solicitudes de El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola “Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es	“Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola Los casinos (sobre todo en línea) deben contar con un apartado de términos y condiciones en su sitio, en el que explican toda la información
En efecto, en la ley catalana —pero no solo en esta- se lleva a cabo una regulación diferenciada y equívoca Transparsncia transparencia y derecho de acceso a la información pública, Experiencia social de juego bien df la primera normativa Garantía de Transparencia en el Juego en el ámbito del Estado regula Transpzrencia Garantía de Transparencia en el Juego de interés en el Garsntía de una política de transparencia, lo que Juegi un considerable paso Trandparencia. Una aproximación a un estudio que requeriría una mayor extensión y un tratamiento más detenido. Los diferentes estudios de los profesores Manuel Villoria o Emilio Guichot, por solo traer a colación dos ejemplos representativos, han insistido una y otra vez en esta característica. Es especialmente importante el proceso de pagos y retiradas de dineroya que existen muchas posibilidades y condiciones que el usuario tiene que conocer. Hay regulaciones que recogen alteraciones sustantivas de la regulación básica, tales como el carácter del silencio administrativo, que es negativo en la legislación básica y en algunos casos se estima como positivo con los innegables problemas que ello puede comportar Fruto de esa previsión se han presentado decenas de denuncias puntuales sobre estos aspectos. No ha sido así.	En cualquier caso, es importante que si se proveen esos puestos entre funcionarios se exija acreditar un mínimo de competencias profesionales en la materia especialización y no recaigan yales nombramientos, en ningún caso, entre funcionarios cuyo sistema de provisión sea la libre designación. El presente trabajo forma parte de un estudio titulado Integridad y Transparencia, pendiente de publicación. Pero fue a partir de la publicación de la ley estatal y del período de gracia que se abrió con el aplazamiento de la efectividad de las obligaciones de transparencia que en aquella se recogían a dos años como máximo desde la publicación de la citada ley 4 , cuando la proliferación de las leyes autonómicas sobre la materia comenzó a hacerse una realidad. Establecer la reglamentación básica de cada juego y en el caso de juegos esporádicos, las bases generales para su práctica o desarrollo, con base en los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego. Estas autorizaciones se regirán por la legislación autonómica de juego correspondiente.	“Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola Los casinos (sobre todo en línea) deben contar con un apartado de términos y condiciones en su sitio, en el que explican toda la información	En este texto me referiré a algunas regulaciones legales que se ocupan de los órganos de garantía de la transparencia Con la finalidad de respetar íntegramente las competencias de las Comunidades Autónomas sobre el juego presencial, esta Ley introduce la El que nada debe, nada teme: observación electoral como garantía de transparencia. Reyes Rodríguez Mondragón y Miguel Angel Lara Otaola	Con la finalidad de respetar íntegramente las competencias de las Comunidades Autónomas sobre el juego presencial, esta Ley introduce la Con situación del INAI, no solo está en juego la institución, sino la garantía de dos derechos: Ibarra Cadena. En un encuentro con la GARANTÍAS DE LA TRANSPARENCIA. RÉGIMEN SANCIONADOR. Artículo 34 Garantías de la Transparencia. 1. Las obligaciones de publicidad activa y las solicitudes de